El programa migratorio, que fue puesto en marcha por Trump en enero de 2019, llevó a miles de personas a subsistir en campamentos improvisados junto a la frontera, en condiciones lamentables y sujetos a la violencia y extorsión de criminales.

Organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de secuestros, violaciones y abusos a migrantes retornados.

En cualquier caso, el Gobierno de Biden ha seguido implementando —y defendiendo en otro caso judicial— la política de salud pública creada bajo el paraguas de restricciones por el COVID-19 y conocida como Título 42, que le permite retornar a la mayoría de solicitantes de asilo que llegan a la frontera sin escuchar siquiera sus casos.